La política española atraviesa días de alta tensión tras la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, acusado de una presunta agresión sexual contra una subordinada. El caso ha puesto en el centro del debate al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya gestión es cuestionada por la oposición y por sectores policiales.
Aunque el Gobierno defiende que actuó con rapidez y contundencia una vez que tuvo conocimiento formal de la denuncia, las críticas no han dejado de crecer.
En paralelo, el escándalo ha reabierto el debate sobre la responsabilidad política y la respuesta institucional ante acusaciones de esta gravedad dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.
La situación, además, sigue en evolución, con un proceso judicial en marcha y una presión política que no da tregua al titular de Interior.
La acusación contra el DAO y el inicio de la crisis
La controversia estalló tras conocerse una querella presentada el 9 de enero de 2026 contra José Ángel González, en la que se le acusa de una agresión sexual ocurrida en abril de 2025.
La denuncia también incluye presuntas coacciones y presiones para silenciar a la víctima, supuestamente a través de intermediarios dentro del entorno policial.
Un juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid admitió la querella y citó a declarar tanto al exalto mando policial como a la denunciante para marzo de 2026. Este paso judicial dio mayor dimensión pública al caso y aceleró los acontecimientos políticos.
Según el Ministerio del Interior, el titular de la cartera tuvo conocimiento de los hechos el 17 de febrero, momento en el que exigió la dimisión inmediata del DAO, que se produjo ese mismo día. Además, se apartó de sus funciones a un comisario señalado en la investigación.
Reacciones políticas y choque entre Gobierno y oposición
La oposición no tardó en reaccionar. El Partido Popular acusa directamente a Marlaska de haber “tapado” la denuncia durante semanas y exige su dimisión inmediata. Desde esta formación, así como desde Vox, se sostiene que el ministro debe asumir responsabilidades políticas por lo ocurrido.
En el ámbito municipal, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificó de “asombroso” que el ministro continúe en el cargo tras la dimisión del DAO. Estas declaraciones reforzaron el discurso crítico y elevaron el tono del debate público.
Por su parte, el Ejecutivo cerró filas en torno a Marlaska. Desde Moncloa se niega cualquier tipo de encubrimiento y se acusa a la oposición de utilizar el caso para “ensuciar” la política. El presidente Pedro Sánchez respalda al ministro y descarta, por ahora, su cese.
Protestas policiales y presión social creciente
Más allá del enfrentamiento político, el caso también ha provocado malestar en el ámbito policial. El sindicato CEP convocó una protesta frente al Ministerio del Interior para exigir la dimisión del ministro y denunciar lo que consideran una mala gestión del caso.
Estas movilizaciones reflejan un clima de descontento interno que complica aún más la situación del titular de Interior. A ello se suma el impacto social del caso, en un contexto de creciente sensibilidad ante las denuncias por violencia sexual.
Mientras tanto, Marlaska ha afirmado que solo contemplaría su dimisión si la víctima declarara sentirse desprotegida o si se demostrara que falló en su actuación. Incluso, ha advertido que podría emprender acciones legales por calumnias contra quienes lo acusan de encubrimiento.
¿Dimitirá Fernando Grande-Marlaska?
Por ahora, Fernando Grande-Marlaska no ha anunciado su dimisión y cuenta con el respaldo explícito del Gobierno. Sin embargo, la presión política y social continúa en aumento, a la espera de nuevos avances judiciales y de posibles declaraciones de la víctima.
Aunque no hay una dimisión inminente sobre la mesa, el futuro político de Marlaska permanece bajo escrutinio, en una crisis que sigue abierta y con consecuencias aún imprevisibles.
