¿Quién está legitimado para impedir a una persona adulta acabar con su propia vida?
El caso de la joven Noelia Castillo, que murió este jueves en Barcelona tras recibir la eutanasia después de casi dos años de batalla judicial por la oposición de su padre, ha abierto un debate en España sobre los límites de la ley, el papel del Estado y por qué se permitió alargar su sufrimiento durante 601 días.
Los críticos de la ley de eutanasia, entre ellos la organización ultracatólica Abogados Cristianos, que lideraron la causa judicial emprendida por el padre de la joven, consideran que la muerte de Noelia es un fracaso del Estado, y que su caso “evidencia un problema estructural de la legislación: la ausencia de protocolos obligatorios en personas con enfermedad mental antes de autorizar la eutanasia”.
A este mensaje se han sumado formaciones políticas como el conservador Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que las entidades encargadas de proteger a Noelia “le fallaron”; o el ultraderechista Vox, para quien la solución que le dio el Estado a Noelia fue “suicidarla”, según dijo Santiago Abascal, su presidente.
Sus defensores, sin embargo, critican que la judicialización del derecho de Noelia a una muerte digna, que avalaron médicos, juristas y hasta cinco instancias judiciales distintas, prolongó su padecimiento de forma cruel e innecesaria.
El deseo de poner fin a su padecimiento acogiéndose al derecho a la eutanasia se vio “saboteado por una cruzada judicial que ha añadido casi dos años de dolor a su existencia”, sostenía este viernes el diario El País en su editorial.
A la complejidad del caso y su mediatización se sumó el ruido de las redes sociales, que se llenaron de mentiras e imprecisiones sobre el caso, y que avivaron el debate sobre la ley de eutanasia, que entró en vigor en España en 2021.
Desde entonces, más de 2.400 personas la han solicitado, de las cuales algo más de 1.100 personas la han recibido.
Noelia Castillo Ramos padeció una infancia y adolescencia difíciles con una familia desestructurada, por lo que estuvo bajo la tutela del Estado durante años.
Sufrió abusos y agresiones sexuales, e intentó suicidarse varias veces, la última de ellas arrojándose de un quinto piso, lo que no la mató pero la dejó parapléjica y con graves secuelas físicas y psíquicas.
En 2024 solicitó que le aplicaran la eutanasia, que fue avalada por los médicos y todos los cauces legales y, tras el recurso que presentó ante los tribunales su padre, Gerónimo Castillo, por hasta cinco instancias judiciales distintas, la última de ellas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
“La ley de eutanasia no es una ley de suicidio libre, es una ley muy exigente”, defiende la presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Loren Arseguet, en una entrevista con BBC Mundo.
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¿Por qué ha creado tanto debate el caso de Noelia Castillo?
El caso ha creado debate porque es una chica joven, de 25 años, y porque, además de la lesión medular, que es la base de la aceptación de su eutanasia, ya que provoca una situación imposibilitante, como dice la ley, tiene problemas psiquiátricos.
También ha tenido mucho eco por ese calvario judicial que ha durado más de dos años, en el cual un familiar cercano, en este caso el padre, ha impugnado una eutanasia acordada. Y eso es la primera vez que pasaba.
La eutanasia, según la ley, es un derecho personalísimo y solo la persona concernida, la persona sufriente puede solicitarla. Nadie la puede solicitar en su nombre, ni un familiar muy directo ni nadie.
Lo que no estaba previsto es que un familiar directo y cercano la impugne. Y eso ha creado todo un revuelo que no se ha aclarado bien en qué medida un tercero puede impugnar una eutanasia acordada.
